Recorrido del titular de Devida por distritos de Ayacucho y Cusco cumplió objetivo de empezar a dialogar y concertar con todos los actores del valle.
Como resultado de su recorrido de la semana pasada por diferentes localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, cumplió con el objetivo de exponer ante autoridades locales y organizaciones de productores, sociales e indígenas, la necesidad de implementar acciones, en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas (PNCD) al 2030, que permitan lograr una real articulación de los esfuerzos del Estado para mejorar la calidad de vida de su población.
“Hemos encontrado una situación de lejanía y descoordinación en las políticas con las que interviene el Estado en el Vraem. Debemos cambiar la forma como miramos esta zona, lo que incluye replantear el Estado de Emergencia que afecta su desarrollo y empezar a dialogar con todos los actores del valle, especialmente con los que desconfían del Estado”, señaló Ricardo Soberón.
Situación de crisis
En ese sentido el titular de Devida hizo mención de la crisis que atraviesa el Vraem por los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el desplome del precio de la hoja de coca –principal sustento de una significativa cantidad de familias agrícolas del valle– que actualmente ronda los S/3.9 por kilogramo. A ello se suma, indica Soberón, el grave problema de la presencia fragmentada del Estado en el Vraem, como consecuencia de la propia estructura de programas presupuestales y sus instrumentos de gestión, que impiden una coordinación efectiva en el terreno.
Pacto social y erradicación
Como parte de su agenda en el Vraem, el titular de Devida también compartió los nuevos criterios que propuso Devida al Ministerio del Interior (Mininter) y que, finalmente, fueron recogidos en el Plan Anual de Erradicación 2022. Estos establecen una meta de 18 000 hectáreas focalizando las acciones de reducción de cultivos ilícitos de hoja de coca exclusivamente en áreas naturales protegidas, bosques permanentes, zonas de amortiguamiento y de frontera y territorios de comunidades nativas.
