Crímenes sin castigo. En lo que va de la pandemia, siete dirigentes nativos han perdido la vida por defender comunidades y el medio ambiente. La víctima más reciente fue Estela Casanto Mauricio, en la selva de Junín.
“Estamos sumamente preocupados por la magnitud del problema, solamente en lo que va de la emergencia sanitaria hemos registrado siete personas indígenas asesinadas y son defensores de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Y eso es una muestra del gran problema que las organizaciones indígenas afrontan en soledad”, manifestó la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Herminia.
Estela Casanto Mauricio, de 55 años, dirigente y una de las fundadoras de la comunidad nativa de Shankivironi, ubicada en el valle del Perené, en Chanchamayo, en Junín, es la sétima víctima. El último viernes fue brutalmente asesinada y arrastrada por sujetos, todavía no identificados, hacia los bosques de esta localidad, en un intento de esconder el cuerpo.
Sin embargo, el cadáver fue encontrado, despertando alarma en Shankivironi.
“Están traficando terrenos. Se están aumentando los colonos”, lamentó Sinacay.
“No se ha hecho el trabajo que corresponde desde el Ministerio Público. Tenemos información de que en esa comunidad permiten el ingreso de personas foráneas a alquilar terrenos, y lo que suponemos es que uno de los familiares ha negociado el terreno y la señora, por eso, fue arrastrada desde su casa”, narró Chauca.
El caso viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía de Chanchamayo y la Depincri de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Por conducta oficial, estamos pidiendo a la Fiscalía que observe el plazo razonable y garantizando el tema de la pertinencia cultural, sus familiares tienen que tener acceso a la justicia”, expresó Herminia.
Demanda. Nelly Herminia, de la Defensoría del Pueblo, exige avanzar investigación de muertes.
“Además, se conoce que en estos territorios hay poca presencia del Estado, hay retos para los propios fiscales, quienes deben programar las diligencias, y se ponen barreras administrativas”, lamentó.
Eso, consideró, arrincona a los pobladores indígenas frente a su pugna por denunciar los ilícitos de personas ligadas al narcotráfico, la tala ilegal de árboles o el tráfico de terrenos.
“Los pobladores colonos que no son asháninkas, ellos provocaron esto y están en líos por tema de la tierra. A la hermana la paraban amenazando, cuando ella iba a su chacra pasaba por terrenos de los vecinos, como veían que ella defendía sus terrenos, era amenazada y, por temor, ella no lo puso de conocimiento a ninguna autoridad”, sostiene el presidente de Cencosec.
La Defensoría coincide con esta apreciación.
Herminia propone, por eso, que buscarán la manera de canalizar las denuncias de manera anónima. El miedo a hablar en los pobladores retrasa las pesquisas. Viven entre la espada y la pared. “Existe el temor de la población de que se puedan suscitar otros hechos relacionados con este caso. La Fiscalía y la PNP deben reaccionar”, alertó.
Los asesinatos no descansan en la pandemia
En lo que va de la pandemia del Covid-19, la dirigente asháninka Estela Casanto Mauricio es la sétima pobladora indígena víctima de la desidia de traficantes en la selva.
En marzo de este año fueron asesinados Herasmo García y Yenes Ríos, líderes cacataibos de Ucayali. En abril del año pasado, en Huánuco, sucedió lo mismo con Arbildo Meléndez, líder indígena. La misma suerte corrieron Gonzalo Pío, dirigente en Junín, quien pereció en junio; Lorenzo Wampa, en Amazonas; y Roberto Pacheco, en Madre de Dios. Eran defensores ambientales
